El sábado en “Ciudadanos Viajeros” por Splendid AM990 entrevistamos a la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, cuestionó la intimación de desalojo a familias que viven en el complejo turístico, criticó la posible concesión a privados y reclamó reponer por ley el turismo social y ejecutar el Fondo Nacional de Turismo.

Este es el resumen de la entrevista: 

Ana María Ianni advirtió que el Gobierno avanzó con intimaciones de desalojo contra trabajadores y trabajadoras que habitan viviendas dentro de la Unidad Turística de Chapadmalal, un emblema histórico del turismo social. Sostuvo que las notificaciones carecerían de sustento formal y vinculó la medida con un plan de concesión o privatización del predio.

Según Ianni, los trabajadores recibieron actas de intimación para dejar las viviendas que ocupan dentro del predio, espacios que —afirmó— fueron otorgados como parte de las condiciones laborales vinculadas al mantenimiento y la administración del complejo. “Los han notificado (…) a buscar el desalojo de esas viviendas que en su momento le fueron otorgadas como parte del acuerdo salarial”, señaló.

El conflicto se da en medio del traspaso de las unidades turísticas a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que administra inmuebles estatales. Distintas publicaciones periodísticas señalaron que el Poder Ejecutivo evalúa concesionar el complejo por un plazo extendido, con el argumento de atraer inversión privada y reducir costos de mantenimiento.

La legisladora remarcó que Chapadmalal —junto con el complejo de Embalse, en Córdoba— funcionó durante décadas como puerta de acceso a vacaciones para estudiantes, contingentes deportivos y personas mayores. “Ha permitido que argentinos y argentinas conocieran por primera vez la sierra, conocieran por primera vez el mar”, sostuvo, y advirtió que el cierre o concesión implicaría “exterminar el turismo social”.

En ese sentido, vinculó la situación con cambios recientes en la política turística nacional. En marzo de 2025, el Decreto 216/2025 modificó la Ley Nacional de Turismo (25.997) y, entre otros puntos, derogó los artículos que establecían el Plan de Turismo Social, además de disolver programas y estructuras de coordinación estatal del área.

Ianni indicó que su bloque impulsó proyectos para “volver a impulsar que el turismo social sea ley nacional” y anticipó que reforzarán la presencia en el territorio para acompañar a las familias afectadas. También señaló que realizaron pedidos de informes para conocer el alcance del proceso administrativo y la eventual licitación o concesión, y cuestionó la falta de documentación pública disponible.

Durante la entrevista, la diputada también apuntó a la subejecución de partidas para promoción y desarrollo turístico. Mencionó el Fondo Nacional de Turismo —financiado, entre otras fuentes, con el 7% sobre pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior— y reclamó que esos recursos “se ejecuten como corresponde”. En enero de 2025, el Gobierno prorrogó la vigencia del Fondo hasta 2027 mediante el Decreto 4/2025.

Mientras tanto, los gremios que representan al personal del complejo anticiparon acciones para frenar las intimaciones. En paralelo, el debate sobre el destino de Chapadmalal volvió a instalarse: entre quienes plantean una reconversión con participación privada y quienes reclaman sostener su función histórica como política pública de acceso al turismo.